El Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo de Claudio Vázquez, resolvió la situación procesal de más de veinte personas investigadas por integrar una presunta organización dedicada al contrabando, el lavado de dinero y otras maniobras ilícitas que habrían operado durante al menos dos años en el sur del país. La investigación, que conecta movimientos entre Argentina y Chile, pone el foco en un entramado económico que manejaba grandes sumas de dinero por fuera de los circuitos legales.
En el Expte. caratulado “Gasparini, Marcelo Horacio y otros s/ Infracción Ley 22.415” describe la estructura con roles definidos, donde algunos de los imputados habrían actuado como organizadores y otros como ejecutores de distintas maniobras delictivas.
Según surge de la resolución judicial, la organización habría funcionado entre 2021 y agosto de 2023 tal como lo informó este diario que sigue la causa desde que fue nombrada como Alianza Austral, con base operativa en localidades como 28 de Noviembre, Río Turbio y conexiones con otras ciudades como Bahía Blanca. El eje central de la investigación gira en torno al ingreso y egreso ilegal de divisas, principalmente dólares estadounidenses, a través de pasos fronterizos no declarados.
Uno de los hechos más relevantes documentados en la causa refiere al traslado de aproximadamente 85.000 dólares desde Chile hacia Argentina, ingresados de manera fraccionada y ocultos en vehículos particulares. Ese dinero fue posteriormente secuestrado durante un operativo de Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional 3, a la altura de Arroyo Verde, en Chubut.
La operatoria, de acuerdo con la reconstrucción judicial, no se limitaba al transporte de divisas. También incluía la adquisición de mercadería presuntamente ingresada de contrabando, como un lote de 46 cubiertas de origen chino, valuadas en miles de dólares, que eran trasladadas junto al dinero en camiones vinculados a los investigados.
La resolución del Juez Vázquez menciona movimientos financieros incompatibles con la actividad declarada de algunas empresas involucradas. En particular, se detectaron acreditaciones bancarias que superarían ampliamente las ventas registradas, con una diferencia estimada en al menos 120 millones de pesos, lo que sugiere la inyección de dinero de origen ilícito en el sistema formal.
A esto se suma el uso de facturación apócrifa, transferencias bancarias y la adquisición de bienes -vehículos, inmuebles y otros activos- que habrían servido para dar apariencia de legalidad a los fondos obtenidos mediante actividades ilegales.
Otro elemento que agrava el cuadro es la sospecha de intentos de entorpecer la investigación. En uno de los episodios, se señala que se habría ofrecido dinero a un integrante de Gendarmería para lograr la liberación de bienes secuestrados durante un procedimiento, lo que abre una línea paralela vinculada a posibles hechos de corrupción.
La operatoria de lavado de dinero de esta organización consistía en una estructura criminal compleja diseñada para inyectar activos de origen ilícito, provenientes principalmente del contrabando de divisas, mercaderías y estupefacientes, en el circuito económico formal para darles apariencia de legalidad. Para lograrlo, utilizaron de forma instrumental sociedades como Greenwood SRL y Comercial Yako Ferretería SRL, mediante las cuales simulaban la generación de ingresos a través de ventas ficticias y el uso de facturación apócrifa.
La organización también utilizaba documentación de contribuyentes calificados como apócrifos o “usinas”, tales como Jorge Alberto Badini, para simular compras lícitas de mercadería que en realidad provenía del contrabando. Toda esta ingeniería financiera habría contado con el asesoramiento de profesionales contables que confeccionaban estados contables y balances que duplicaban ventas sin justificación real, proporcionando un blindaje técnico que impedía que los organismos estatales de control, como la Unidad de Información Financiera (UIF), detectaran la actividad ilícita. Sin perjuicio de la descripción de estas maniobras, el magistrado dictó finalmente la falta de mérito para la mayoría de los imputados en orden a este delito, al considerar que la prueba acumulada hasta el momento es insuficiente para determinar con exactitud los montos específicos sometidos a blanqueo y la existencia fehaciente de los ilícitos precedentes.
Se dictó el procesamiento de un total de diez personas físicas por diversos delitos relacionados con maniobras de contrabando, encubrimiento y corrupción.
Marcelo Horacio Gasparini fue procesado como coautor de contrabando agravado y autor de encubrimiento de contrabando agravado, cohecho activo y estafa procesal en grado de tentativa. Por su parte, Fernando Gabriel Gasparini enfrenta cargos como coautor de contrabando agravado y autor de encubrimiento de contrabando. Pablo José Toledo fue procesado por contrabando de divisas en grado de tentativa, encubrimiento de contrabando, y como coautor tanto de encubrimiento de robo como de uso de documento público falso. Camila Fernanda Toledo también fue procesada por la coautoría en los delitos de encubrimiento de robo y uso de documento público falso.
Asimismo, se dictó el procesamiento de Pascual Cristino Fuentes y Pedro Adolfo Toledo Oyarzun como autores del delito de encubrimiento de contrabando. Daniel Alberto Condori fue procesado por encubrimiento de contrabando y por estafa procesal en grado de tentativa. En cuanto a los funcionarios públicos implicados, Emilio Oscar Muñoz fue procesado por cohecho pasivo y Francisco Gabriel Blanco Fuentes por tráfico de influencias. Finalmente, Mauricio Exequiel Bugliotti fue procesado como coautor de contrabando agravado.