El proyecto cuenta con media sanción del Senado desde 2024 y este miércoles obtuvo dictamen en un plenario de Relaciones Exteriores e Intereses Marítimos. Polémica por el proceso licitatorio de la vía navegable troncal.
Un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de Diputados dictaminó este miércoles un proyecto por el cual se aprueba el convenio internacional de Nairobi sobre remoción de restos de naufragio.
Se trata de un acuerdo firmado en mayo de 2007, y cuyo objeto es establecer normas y procedimientos internacionales uniformes para asegurar la remoción pronta y eficaz de restos de naufragios y el pago de una indemnización por los costos ocasionados. Se aplica a los naufragios de cualquier buque en la zona económica exclusiva de un Estado firmante, que puedan representar un riesgo para la navegación, dañar el medio marino, el litoral o los intereses del Estado ribereño u otros.
El proyecto ya fue aprobado por el Senado el 22 de agosto de 2024.
La presidenta de la Comisión de RR.EE., la oficialista Juliana Santillán, explicó que el convenio “establece un marco jurídico uniforme para la identificación, señalización y remoción de restos de naufragio que puedan constituir un peligro para la navegación o el medioambiente marítimo”.
“Rigen las responsabilidades y obligaciones para los Estados y los propietarios de buques, contribuyendo a fortalecer la colaboración internacional y a garantizar la gestión eficaz de estos riesgos en el ámbito marítimo”, continuó.
La legisladora señaló que “la aprobación del convenio representa un avance muy significativo en la adecuación de nuestro país a los estándares internacionales en materia de seguridad marítima y protección ambiental. Además, fortalece las herramientas que son jurídicas y están disponibles para prevenir los riesgos y dar respuestas ante eventuales siniestros en nuestras vías navegables”.
A su vez, “reafirma el compromiso de la República Argentina con la cooperación internacional y el cumplimiento de sus obligaciones en el ámbito del derecho marítimo”.
Antes de pasar a la firma del dictamen, en la reunión se continuó con la designación de cargos vacantes y asumieron el rionegrino Marcelo Mango y el fueguino Agustín Tita, ambos de Unión por la Patria, como secretarios primero y tercero -respectivamente- en la Comisión de Intereses Marítimos.
Planteo de la oposición sobre la licitación de la vía navegable troncal
Durante el encuentro, la diputada de UP Blanca Osuna solicitó la palabra para “traer una preocupación pertinente a las dos comisiones” respecto de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), donde “los miembros fueron designados ad honorem”, cosa sobre la que “no hay antecedente”, y por la licitación por la concesión del dragado de la vía navegable troncal del río Paraná.
La entrerriana cuestionó que no haya participación de las provincias y del Poder Legislativo en tal proceso. “No tenemos representación en ninguna instancia de la marcha de esta licitación”, cuestionó.
Además, en su alocución, Osuna pidió que se cite al canciller Pablo Quirno por “irregularidades” en el proceso licitatorio. “Hay intereses vinculantes y hay un mismo personaje participando y favoreciendo a las intenciones de la empresa Jan De Nul”, denunció, en referencia a Francisco Mansanta, delegado argentino en CARU.
Luego que el oficialista Beltrán Benedit defendiera el dragado a 44 pies en el río Paraná, algo que Osuna criticó, el diputado Jorge Taiana advirtió por “la ausencia de estudios significativos de impacto ambiental; esto es un tema serio, relevante”. “El dragado a 44 pies es un tema controvertido”, sumó el legislador de UP y pidió que vengan funcionarios involucrados en la licitación.
“La vía navegable troncal es nuestro Estrecho de Ormuz”, enfatizó la diputada de UP Agustina Propato, quien recordó que “en la anterior oportunidad de intento de licitación pública de la concesión de la vía navegable hubo varias denuncias cruzadas, procedentes del oficialismo y del Pro” que “fueron parte de un circo importante”. A su vez, consideró de una “necesidad imperiosa” la creación de una bicameral de seguimiento del proceso licitatorio, sobre lo que presentó un proyecto.