La empresa provincial Santa Cruz Puede S.A.U., avanzará con acciones judiciales contra los agentes que firmaron el acta de decomiso y destrucción de productos del mar en Río Gallegos. Será a ellos y no al Estado para no perjudicar a la sociedad. Aseguran que la mercadería contaba con autorización del SENASA y que el procedimiento dañó acuerdos comerciales y la imagen del proyecto productivo.
La empresa Santa Cruz Puede S.A.U. denunciará penal y civilmente a los cinco inspectores municipales que participaron del decomiso y destrucción de medallones de pescado y otros productos elaborados en la provincia. La decisión apunta de manera directa a los funcionarios que firmaron el acta y no al Municipio de Río Gallegos, con el objetivo de que una eventual condena se afronte con patrimonio personal y no con fondos públicos.
Así lo confirmó Gustavo Sívori, presidente de la empresa, quien sostuvo que el procedimiento resultó ilegal y se basó en una interpretación errónea de la normativa sanitaria, pese a que la mercadería contaba con habilitación del SENASA y documentación de trazabilidad.
Sívori explicó que la estrategia legal busca evitar que una demanda contra el Municipio termine pagándose con el erario municipal. “Cuando se demanda a una municipalidad, el funcionario nunca paga: paga la gente. Por eso instruí a los abogados para que inicien acciones contra los cinco inspectores que firmaron el acta”, afirmó.