Diana Huerga Cuervo, Directora de la Comisión de Colegiación Legal de FACA (Federación Argentina de Colegio de Abogados) volvió a cuestionar la designación de Fernando Basanta como vocal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, sosteniendo que fue inconstitucional al no cumplir con los seis años de ejercicio profesional que exige la Constitución Provincial.
Diana Huerga Cuervo, recordó que en 2022, junto con otros colegas de la Asociación de Abogados de Río Gallegos, presentaron una acción de amparo contra la designación de Fernando Basanta como vocal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.
El pasado 13 de junio, Basanta además juró y tomó cargo como el nuevo representante del Tribunal Superior de Justicia ante el Consejo de la Magistratura.
El planteo se fundamentó en el artículo 127 de la Constitución Provincial, que establece como requisito para acceder al máximo tribunal contar con al menos seis años de ejercicio profesional de la abogacía.
«Era evidente que Basanta no cumplía ese requisito. Apenas recibido, pasó a ocupar cargos públicos incompatibles con la profesión, como el de ministro de Gobierno, que por ley le impedía ejercer como abogado. Nunca estuvo matriculado y, a lo sumo, contaba con dos o tres años de actividad antes de llegar a la fiscalía. No tenía los seis años exigidos por la Constitución», aseguró la letrada.
«Ningún juez trató el fondo de la cuestión»
Huerga Cuervo cuestionó la actuación del Poder Judicial santacruceño, que nunca resolvió la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la designación. «En primera instancia rechazaron el amparo diciendo que podía haber distintas interpretaciones sobre lo que significa ‘ejercicio profesional’. Nosotros aportamos jurisprudencia actualizada que demuestra que el ejercicio requiere matrícula activa y práctica efectiva. Sin embargo, el planteo nunca se trató seriamente», lamentó.
La abogada fue más allá y denunció un grave problema institucional: «La Cámara dijo que como Basanta ya había jurado y estaba en funciones, no se podía analizar su designación porque ahora tenía una causal de remoción por juicio político. Eso es gravísimo: convalida la vía de hecho. Se confundió una causal de invalidez constitucional con una causal de remoción. Son cosas distintas».
Para Huerga Cuervo, el hecho de que un vocal del Tribunal Superior ejerza sin cumplir los requisitos constitucionales afecta directamente la garantía del juez natural de todos los habitantes de Santa Cruz.
El rol de la Legislatura y un acuerdo cuestionado
La abogada también apuntó contra la Cámara de Diputados, que dio el acuerdo legislativo a la designación en una polémica sesión del 8 de septiembre de 2022. «Ese día no se permitió hablar a ningún diputado de la oposición. Se les cercenó el uso de la palabra, lo que constituye una violación a las reglas básicas del sistema democrático. No se trata solo de votar, sino de debatir», afirmó.
Incluso recordó que periodistas y colegas fueron expulsados del recinto durante esa jornada. «La Asociación de Abogados manifestó su solidaridad porque fue un atropello a la libertad de expresión y al derecho de información. Todo el proceso estuvo viciado de irregularidades», agregó.
Camino a la Corte Suprema
Luego de más de tres años sin que la Justicia provincial se expida sobre el fondo del planteo, Huerga Cuervo confirmó que el caso será llevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso extraordinario federal.
«No es un tema menor. Estamos hablando de la cabeza de uno de los tres poderes del Estado, que estaría irregularmente constituido. Esto afecta la forma republicana de gobierno y el Estado de Derecho en Santa Cruz», enfatizó.
«Lo que está en juego es la confianza en la Justicia»
Huerga Cuervo concluyó que tanto la designación de Basanta revela falencias profundas en el sistema institucional santacruceño. «No se trata de nombres ni de cargos. Lo que está en juego es la confianza en la Justicia. Si los vocales no cumplen los requisitos constitucionales, si no hay debate legislativo, si las ternas se presentan sin transparencia, lo que se debilita es la legitimidad de todo el sistema judicial», remarcó.