Juicio por YPF: el Gobierno se prepara para otro fallo adverso de la jueza Loretta Preska
La gestión de Javier Milei está furiosa con lo que considera “buitres domésticos”, asegura que no negociará con Burford y que pedirá apoyo oficial a EEUU.
El Gobierno de Javier Milei espera nuevas malas noticias desde Nueva York, en particular del tribunal del distrito sur de Manhattan que encabeza Loretta Preska, la jueza que tiene a cargo el extenso y oneroso juicio contra el Estado argentino por la expropiación de YPF.
El fallo adverso llegaría en las próximas horas, según pudo saber Infobae, y en la Casa Rosada lo esperan con preocupación en un contexto en el que el Gobierno está convencido de que hay “buitres domésticos” que operan, por distintos motivos -políticos, coyunturales y económicos- contra Argentina.
“Alimentan los buitres con la mano. Argentina no va a renunciar a su derecho a la defensa. Vamos a agotar todas las instancias judiciales para defender los intereses de todos los argentinos”, prometen cerca del Presidente.
Apuntan a las declaraciones recientes de Axel Kicillof, gobernador bonaerense; y también a exfuncionarios, a estudios de abogados privados, a analistas e, incluso, a empresas que, aseguran, podrían mover intereses de manera insidiosa para hacer negocios en Vaca Muerta aprovechando una YPF que si bien está fuera de la causa podría verse afectada. Además, como parte de la estrategia general, el Estado le pedirá ayuda al Gobierno de EEUU que opine en el caso, como ya ocurrió el año pasado, cuando Joe Biden era presidente.
Si bien aún no está clara la naturaleza del fallo inminente, hay varias cuestiones en paralelo sobre el escritorio de Preska. En los próximos días deberá decidir si suspende la sentencia de la entrega de las acciones. Estás podrían ser las opciones: puede llamar a una conferencia con las partes en su despacho (o de manera virtual) para seguir escuchando argumentos; puede suspender la sentencia a la espera de definiciones de casos relacionados; o puede acceder al pedido de Argentina de suspender la sentencia para que el país apele directamente a la cámara exigiendo o no garantías para hacerlo. Si toma alguna de esas dos decisiones, Argentina va a ir a la corte de apelaciones a pedir ese beneficio.
Todas estas tensiones, eventualmente, podrán terminar en un desacato para el país, siempre que el demandante lo pida. También podría obligar a poner una garantía, algo que de no cumplirse también sería un desacato directo.
Mega causa
Se trata de otro capítulo más de la demanda por la cual el país fue condenado, en 2023, a pagar USD 16.000 millones. No sólo eso, la actual gestión heredó, junto al caso YPF, casi USD 30.000 millones en pasivos judiciales.
La extensa demanda, que ya lleva una década, tiene su origen en la expropiación de la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta. Se hizo mal y ahora se pagan las consecuencias de esa mala praxis. Mientras cursa la apelación de ese fallo, Burford Capital, principal beneficiario del fallo multimillonario, realizó nuevos pedidos en el estrado de Preska. Uno de ellos causó un verdadero tembladeral en las últimas horas, cuando la jueza ordenó que el 51% de las acciones que el Estado tiene en la empresa pase a Burford como parte de pago.
Cómo sigue la estrategia
Por estas horas, el Gobierno define con celeridad cómo seguirá la estrategia judicial y hay más funcionarios involucrados directamente en el caso, o al menos más que meses atrás. Las reuniones son arduas en la Procuración y se involucran funcionarios de Casa Rosada, Economía y Cancillería, entre otros. ¿Participa YPF de esas discusiones? Hay muchas versiones al respecto, pero ninguna confirmación oficial de las partes. No la habrá: uno de los argumentos de Burford es demostrar “alter ego” entre el Estado y la empresa; o sea, que son lo mismo. Una reunión oficial no haría más que abonar esa teoría.