Comunicado oficial de Rafael Güenchenen, Secretario General del SIPGER:
«Pan American Energy pretende actuar en Santa Cruz como si la provincia fuera una extensión de la empresa. Quiere decidir qué leyes cumple, cuáles ignora, cuánto invierte, qué información brinda y de qué manera responde frente al Estado.
Ninguna concesión pública otorga ese poder. Los recursos naturales pertenecen al pueblo santacruceño y ninguna empresa puede colocarse por encima de nuestras instituciones ni de nuestra gente.
PAE opera áreas hidrocarburíferas con obligaciones concretas en materia de inversión, producción, empleo, contratación local y protección ambiental. Esas concesiones no son un cheque en blanco. Fueron otorgadas bajo condiciones precisas y deben cumplirse íntegramente.
La sociedad santacruceña debe conocer con claridad los niveles de producción de petróleo y gas, las inversiones comprometidas y ejecutadas, las regalías liquidadas, los activos afectados a cada concesión y el cumplimiento real de las obligaciones asumidas por la empresa. Cuando se explotan recursos públicos, la transparencia es una obligación.
Por eso vamos a solicitar a la Legislatura la creación de una comisión de seguimiento, fiscalización y auditoría parlamentaria sobre el accionar de PAE en Santa Cruz, con participación de las áreas laborales, energéticas y ambientales del Estado. Si se comprueba que la empresa vulnera las condiciones de sus concesiones, esa comisión deberá impulsar las acciones correspondientes, incluido el pedido formal de reversión de las áreas.
La Legislatura representa al pueblo santacruceño y tiene la obligación de intervenir cuando están comprometidos los recursos estratégicos de la provincia. Si PAE cree que puede venir a Santa Cruz a incumplir nuestras leyes, contratar por fuera de la normativa, ocultar información, postergar inversiones y desentenderse de sus responsabilidades, entonces no merece seguir operando en la provincia.
La Ley Provincial Nº 3.141, modificada por la Ley Nº 3.960, obliga a respetar el cupo de contratación local y la residencia efectiva del personal. Para controlar ese cumplimiento se creó el SIREL, implementado en septiembre de 2025 y reglamentado en enero de 2026. Esa herramienta debe utilizarse.
Pedimos que el Ministerio de Trabajo revise de inmediato esos registros y publique información clara sobre el nivel real de contratación local de PAE, sus contratistas y subcontratistas. La provincia debe saber cuántos trabajadores santacruceños emplea la empresa, cuántos provienen de otras jurisdicciones y qué porcentaje efectivo acredita cada firma.
También exigimos que el Ministerio de Energía y Minería informe públicamente los planes de inversión y perforación para 2026 y 2027, los compromisos asumidos en cada área, los trabajos ejecutados y aquellos que fueron postergados. Del mismo modo, debe publicar información actualizada sobre la producción de cada concesión, las regalías liquidadas y los mecanismos de control aplicados.
Asimismo, debe verificar qué activos permanecen afectados a la producción en Santa Cruz. Necesitamos saber qué equipos, herramientas, bienes de capital e infraestructura siguen en los yacimientos, qué fue trasladado y qué recursos terminaron financiando proyectos en otras jurisdicciones.
Queremos una industria que produzca, invierta, genere empleo santacruceño, fortalezca a las PyMEs locales, incorpore jóvenes y deje valor en la provincia. Ese debe ser el piso para cualquier empresa que pretenda explotar nuestros recursos.
Requerimos un relevamiento integral de los pasivos ambientales de PAE. Pozos mal abandonados, locaciones sin restaurar, derrames y suelos contaminados no pueden seguir siendo tratados como un problema administrativo. En distintas localidades existen preocupaciones concretas sobre la calidad del agua y el impacto ambiental de la actividad. Eso es salud pública.
La provincia cuenta con herramientas legales suficientes para exigir el saneamiento y la reparación ambiental. Corresponde aplicarlas y obligar a la empresa a responder por cada daño ocasionado.
La provincia también tiene respaldo legal para revisar la continuidad de las concesiones. La Ley Provincial Nº 2.727 reconoce al Poder Ejecutivo como autoridad concedente. La Ley Provincial Nº 3.117 regula las concesiones hidrocarburíferas y sus compromisos de inversión. La Ley Nacional de Hidrocarburos Nº 17.319 prevé la caducidad y la reversión de las áreas frente a incumplimientos graves.
La reversión de las concesiones debe dejar de ser una posibilidad teórica para convertirse en una herramienta concreta cuando una operadora incumple la ley, frena inversiones, traslada activos, desconoce la contratación local, afecta el ambiente o impide conocer con precisión qué produce y qué deja en Santa Cruz.
Asimismo, reclamaremos la intervención del Procurador General de Santa Cruz, Eduardo Sosa, para que promueva las actuaciones correspondientes frente a hechos que comprometen el interés público provincial.
Santa Cruz necesita una Justicia que también controle a las empresas poderosas.
Lo dijimos y lo sostenemos. Defender el trabajo y exigir que se cumplan las normas no es un delito. Ningún empresario puede ubicarse por encima de la provincia. Ninguna concesión otorga derecho a manejar Santa Cruz como propiedad privada.
Si PAE quiere seguir explotando recursos que pertenecen al pueblo santacruceño, debe invertir, generar empleo local, respetar el ambiente, informar con transparencia y dejar valor en la provincia.
Si Marcos Bulgheroni piensa que denunciando a trabajadores va a frenar este reclamo, se equivoca. Nosotros vamos a seguir defendiendo a nuestra gente y a Santa Cruz. La provincia no es de PAE, no es de Bulgheroni y no está en venta.
Si no le gusta cumplir la ley santacruceña, las puertas de Ramón Santos están abiertas».
Rafael Güenchenen
Secretario General del SIPGER