La Policía de Santa Cruz, a través de la División Cibercrimen de Río Gallegos, logró la detención de dos personas vinculadas a una causa por estafa, quienes habían abandonado la capital santacruceña quebrantando las restricciones impuestas por la Justicia. A partir de las tareas de supervisión y control de las medidas vigentes, el Juzgado de Instrucción Nro. Dos, a cargo del Dr. Gerardo Giménez, ordenó de manera inmediata las diligencias investigativas para dar con el paradero de los causantes y el secuestro del vehículo en el que se movilizaban.
La labor de campo se inició de forma inmediata con la toma de testimonios y la activación de una red de colaboración con fuerzas policiales de distintos puntos de la Patagonia y el resto del país. Debido a que la principal investigada no es oriunda de esta ciudad, la División de Cibercrimen coordinó tareas de verificación y ubicación en domicilios vinculados a su entorno en las provincias de Buenos Aires y Corrientes. Los sospechosos se encontraban bajo una prohibición judicial expresa de retirarse de la provincia de Santa Cruz, medida que fue incumplida al momento de detectarse su desplazamiento hacia el norte del país.
Como resultado del seguimiento constante y el intercambio de información en tiempo real con otras jurisdicciones, pasada la medianoche de ayer, personal policial de la ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa, notificó el hallazgo y la demora de los implicados, quienes circulaban en una camioneta Ford EcoSport de color gris. La respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata una vez constatado el intento de eludir la acción de la justicia santacruceña.
Tras ser informados de la efectiva demora en territorio pampeano, el Magistrado interviniente determinó la detención de la mujer investigada y el secuestro preventivo de la unidad automotriz. Actualmente, se aguardan nuevas directivas judiciales para avanzar en los trámites de traslado y proseguir con las actuaciones procesales de rigor. Con este operativo, reafirmamos nuestra capacidad operativa y compromiso con el cumplimiento de las órdenes judiciales para garantizar el proceso penal.
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