La intervención estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Caminera La Esperanza de la Policía de Santa Cruz, que recibió una comunicación telefónica del Paso Fronterizo Internacional Río Don Guillermo. Desde allí se informó sobre la presencia de un pasajero que había cruzado desde territorio chileno y que contaba con medidas cautelares vigentes y un pedido de captura internacional activo, en el marco de una investigación judicial de alcance global.
Tras la verificación del listado de pasajeros, los efectivos identificaron a un hombre de nacionalidad mexicana que viajaba acompañado por su familia. La situación fue inmediatamente puesta en conocimiento de la División Enlace y Cooperación contra el Delito Internacional, bajo la coordinación del comisario Luis Frías.
Las consultas realizadas confirmaron que se trataba de Abraham Cigarroa Cervantes, de 51 años, un exdirector financiero de la división latinoamericana de una empresa internacional dedicada a la gestión de residuos, quien enfrenta cargos en los Estados Unidos por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés). La causa es investigada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y cuenta con la intervención del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el FBI.
De acuerdo a la acusación formal, Cigarroa Cervantes habría participado entre 2011 y 2016 en un esquema destinado a pagar más de 10 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos de Brasil, México y Argentina, con el objetivo de obtener y retener contratos y asegurar ventajas indebidas para la empresa Stericycle, un emisor de valores estadounidense. Según los documentos judiciales, los pagos ilegales se realizaban, en muchos casos, en efectivo y se calculaban como un porcentaje de los contratos firmados con clientes gubernamentales.
Las autoridades norteamericanas sostienen que, para ocultar las maniobras, los involucrados llevaban registros paralelos mediante hojas de cálculo y utilizaban eufemismos y palabras clave para describir los sobornos. Además, se habrían confeccionado libros contables falsos que permitieron disimular los pagos ilegales como gastos legítimos, afectando de manera directa la transparencia de los estados financieros de la compañía.
La acusación también señala que Cigarroa Cervantes habría presentado certificaciones y documentos internos falsificados, en el marco de la ley Sarbanes-Oxley, asegurando de manera fraudulenta que los registros contables eran correctos. Estas maniobras habrían permitido sostener durante años un entramado de corrupción transnacional que recién salió a la luz tras una investigación profunda de las autoridades estadounidenses.
Cabe recordar que en abril de 2022 la propia empresa Stericycle admitió haber sobornado a funcionarios en Argentina, Brasil y México, y alcanzó un acuerdo de procesamiento diferido por tres años con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Como parte de esa resolución, la compañía —con sede en Lake Forest, Illinois— aceptó pagar más de 84 millones de dólares en multas y sanciones, en coordinación con la Comisión de Bolsa y Valores y organismos judiciales brasileños.
Tras la confirmación del pedido de captura internacional, el ciudadano mexicano fue detenido preventivamente y trasladado bajo custodia policial a la Unidad Penitenciaria Federal N°15 de la ciudad de Río Gallegos, donde continuará el proceso judicial conforme a las directivas impartidas por la autoridad competente. El operativo sigue en desarrollo y se labran las actuaciones correspondientes para su puesta a disposición de la Justicia, en un caso que vuelve a poner en evidencia el alcance global de los delitos económicos y la importancia de la cooperación internacional para combatirlos.