El gobernador Claudio Vidal mediante el Decreto N° 0811/25, promulgó la Ley N° 3954, que incorpora al sistema educativo provincial: 1) Educación financiera, 2) Programación, 3) Robótica 4) Inteligencia artificial.-
La iniciativa aprobada, promulgada y publicada en el B.O., fue impulsada por el diputado Mario Piero Boffi (bloque Por Santa Cruz).-
Entre sus principales ejes, la norma incorpora a la currícula educativa habilidades vinculadas con:
Educación social y financiera, que permitirá adquirir los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para tomar decisiones financieras. Esto incluye aspectos como el ahorro, la inversión, la gestión presupuestaria, el endeudamiento responsable, la diversificación, la planificación financiera, entre otros aspectos
Programación: que brindará conocimientos sobre el proceso de creación y desarrollo de software, aplicaciones y sitios web,
Robótica: que combina elementos de mecánica, electrónica, informática e inteligencia artificial,
Inteligencia artificial: con el objetivo de aprender sobre sistemas tecnológicos diseñados para simular o replicar capacidades humanas como el aprendizaje, el razonamiento, la toma de decisiones y el procesamiento del lenguaje natural,
Energías renovables: brindar conocimientos sobre toda aquella energía que proviene de fuentes naturales inagotables
Y otras tecnologías emergentes que configuren nuevos roles laborales.
“La aceleración del progreso tecnológico requiere una adaptación del sistema educativo para que los estudiantes adquieran habilidades relevantes que les permitan integrarse y desarrollarse en este nuevo entorno”, sostuvo Boffi al fundamentar el proyecto que fue sancionado en forma unánime.
Implementación gradual y formación docente
La autoridad de aplicación será el Consejo Provincial de Educación, que deberá implementar el programa en forma progresiva, comenzando con jornadas introductorias dentro de un año, cursos extracurriculares en tres, y la plena incorporación curricular en un plazo máximo de cinco años.
La ley también dispone la formación continua de docentes y la posibilidad de firmar convenios con universidades, instituciones públicas o privadas y sectores productivos —como la minería, la energía, la ganadería y la pesca— para fortalecer la aplicación práctica de los contenidos.