Tras el reciente fallo de la Corte Suprema que ratificó la ampliación del máximo órgano judicial provincial, el nuevo esquema del TSJ comenzó a impulsar medidas que apuntan a una reorganización administrativa, financiera y judicial dentro del Poder Judicial santacruceño.
La auditoría y revisión administrativo-financiera del Poder Judicial, busca evaluar la transparencia, legalidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos, incluyendo designaciones de personal y ejecución presupuestaria.
Inicio de Auditorías: El nuevo Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha iniciado una revisión interna profunda que abarca gastos y expedientes judiciales.
Foco en el Personal: Se están investigando las designaciones realizadas, asegurando la implementación de concursos obligatorios.
Control de Cuentas: Estas acciones buscan sanear las finanzas del Poder Judicial, en un contexto de tensiones políticas y revisión de las cuentas de administraciones anteriores
Con una nueva mayoría en funcionamiento, el cuerpo judicial dictó en su última sesión una serie de medidas de fuerte impacto político e interno, orientadas a auditar la gestión.
A través del Acuerdo Extraordinario N° 3.741, el máximo órgano judicial confirmó su nueva integración y designó como presidente al vocal Gabriel Nolasco Contreras Agüero hasta diciembre de 2026.
*Representantes ante el Consejo de la Magistratura
Se designaron a:
Consejero titular: Dr. Daniel Mauricio Mariani.
Consejero suplente: Dr. Juan Lucio Ramón de la Vega.
*Auditoría y revisión administrativa-financiera del Poder Judicial. Se ordena un análisis integral de la situación económica y administrativa del Poder Judicial. Se exige un informe detallado sobre:
Créditos presupuestarios.
Ejecución del presupuesto.
Recursos y egresos.
Masa salarial.
Contratos vigentes.
Gastos generales.
Parque automotor.
Obras y equipamiento.
Licitaciones y contrataciones realizadas durante 2025 y 2026.
*Ingresos al Poder Judicial y revisión de incorporaciones. Se plantea que en el futuro todos los ingresos al Poder Judicial deberán realizarse mediante concursos públicos y abiertos.
Además: Se pide un informe detallado de todas las incorporaciones efectuadas entre el 26 de septiembre de 2025 y el 18 de mayo de 2026.
*Demoras judiciales y expedientes atrasados. Se ordena un relevamiento urgente sobre:
Causas demoradas.
Expedientes pendientes.
Sentencias sin dictar.
Estado procesal de los expedientes.
Los distintos fueros y cámaras deberán informar:
Fecha de ingreso de las causas.
Estado actual.
Intervenciones realizadas.
Existencia de detenidos en causas penales.
*Funcionarios y empleados fuera de la provincia. Se requiere un informe sobre:
Funcionarios y empleados que realizan funciones o actos institucionales fuera de Santa Cruz.
Costos y erogaciones que ello genera al presupuesto judicial.
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